interés superior del menor, aunque aún quedan muchos por dar.
La Decisión del Consejo 2003/93/CE, de 19 de diciembre de 2002, autoriza a los Estados miembros a firmar, en interés de la Comunidad, el Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.
La legislación y normativa europeas para la protección de nuestros menores es amplia y se encuentra entre las más antiguas de la Unión Europea. Sin embargo, en la protección efectiva de los derechos de muchos menores y sus familias queda un importante camino por recorrer.
Es paradójico, por ejemplo, que en nuestro país un técnico, un funcionario, pueda separar a un menor de su familia, sin la intervención de un juez. Y son separados meses o años. O arrancados en el momento de nacer. O ingresados en un centro hasta los 18 años con dudosos resultados. Si la familia quiere recuperarlo esta vez sí que tendrá que acudir a los tribunales, con todo lo que ello implica. Las denuncias son continuas.
Es pronto para valorar la efectividad de este Reglamento europeo, puesto que entró en vigor en España el 1 de enero de 2011. Aunque sin duda son procesos complejos es difícil justificar tanto retraso. El tiempo de un menor y el de los adultos no es el mismo. Con todo, sin duda será un paso importante para dar sentido a un principio que todo lo rige: el interés superior del menor. Hoy, en el día a día de nuestras administraciones, en muchos casos todavía son palabras sin sentido.
Al igual que ocurre en muchos otros ámbitos confío que desde Europa se irán consolidando unos criterios mínimos que acabarán con la excesiva arbitrariedad que hoy observamos en las decisiones de nuestros responsables en la protección de los menores.
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