Hoy, el Consejo de Ministros aprueba un real decreto que busca «proteger a los animales que se utilizan en experimentación». Esta determinación llaga poco antes de que se cumpla la orden europea que obliga a los Veintisiete a amoldar sus leyes actuales a la nueva directiva europea. Esta nueva regulación modifica la ley de 2007 y trata de mejorar la calidad de vida de los animales que se usan con fines científicos, así como restringir la utilización de determinadas especies como los pulpos para los que antes había un vacío legal y ahora estarán protegidos junto al resto de cefalópodos, así como determinadas formas fetales de los mamíferos. Como ya adelantó LA RAZÓN, con la entrada en vigor de este decreto, estará prohibido experimentar con grandes simios (chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos), especies
muy cercanas a los humanos y que «España ha decidido prohibir su uso sin excepciones», comentan fuentes oficiales. Una iniciativa que se celebra entre los grupos en favor de los derechos de los animales, como el que dirige Pedro Pozas, de Proyecto Simio, que considera esta iniciativa como un gran paso en la defensa de los simios.
El nuevo real decreto busca «reducir al mínimo la experimentación, aplicando métodos alternativos». Así su objetivo es que a los animales «no se les cause innecesariamente dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero», así como quiere evitar «toda duplicación inútil de procedimientos, y velar porque a los animales utilizados, criados o suministrados, se les concedan los cuidados adecuados», reza el texto.
Del mismo modo, para evitar que se realicen experimentos clandestinos basados en el secreto industrial, el Gobierno establece la obligación de que se publiquen «resúmenes no técnicos» de los proyectos autorizados. Así también se va a prestar una especial vigilancia a las investigaciones de carácter docente y que necesitaba una mayor concreción. «Nos gusta que se avance en el desarrollo de leyes para proteger a los animales, pero al incluir excepciones siempre cabe la posibilidad de que no se cumpla en la práctica», explica la presidenta de la Asociación para la Defensa del Derecho Animal (ADDA), Carmen Méndez. Su organización también reclama una norma que permita a los científicos objetar ante un proyecto de experimentación: «En Italia, los científicos pueden abandonar un proyecto con animales acogiéndose a la objeción de conciencia. En España, ésto no ocurre», asegura Méndez.
De acuerdo con el último informe de 2008, en Europa se utilizaron cerca de 12 millones de animales con fines experimentales. Los datos de España se remontan a 2010 e indican, según el Ministerio de Agricultura, que se utilizaron más de un millón.
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