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jueves, 4 de julio de 2013

Madrid adjudica seis hospitales públicos a tres empresas sanitarias privadas

 Hospital Infanta Leonor
La puertorriqueña Hima San Pablo se queda el Infanta Cristina (Parla), el del Tajo (Aranjuez) y el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes). Ribera Salud gestionará los centros del Sureste (Arganda del Rey) e Infanta Leonor (Vallecas). Sanitas se ocupará del de Coslada.


La Comunidad de Madrid adjudicó este jueves seis de sus hospitales públicos a tres empresas sanitarias privadas. Hima San Pablo, procedente de Puerto Rico, gestionará el Infanta Cristina (Parla), el del Tajo (Aranjuez) y el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes). Ribera Salud, que ya tiene contratos con el Servicio Madrileño de Salud, se ha llevado los centros del Sureste (Arganda del Rey) e Infanta Leonor (Vallecas). Sanitas se queda el de Coslada. El consejero regional de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró en una comparecencia pública que los hospitales se mantienen como públicos, aunque su gestión pase a ser privada. "La sanidad madrileña va a seguir siendo publica y gratuita, pero con un coste inferior al actual", completó Lasquetty, que cifró el ahorro en 168,9 millones anuales, un 20% coste anual total. Las adjudicaciones coinciden con las tres únicas ofertas presentadas por cada uno de los lotes. Las interesadas ajustaron tanto sus ofertas a las condiciones impuestas por la Administración que sus ofertas económicas solo fueron un 0,5% inferiores al precio máximo por paciente que el Ejecutivo autómico se ofrecía a pagar. Esto, y el hecho de que la Consejería de Sanidad sondease a las empresas antes de convocar el concurso, ha llevado a la oposición a asegurar que el concurso está amañado, que ha sido un "reparto" previamente pactado, en palabras del diputado de UPyD Enrique Normand. Este mismo jueves, el Partido Socialista de Madrid amplió los recursos ya admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional contra el proceso de privatización. Los socialistas han exigido la imposición de medidas cautelarísimas para que la privatización quede suspendida hasta que los jueces examinen el caso.

 

 

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