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Artur Mas, presidente de la Generalitat
El Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación del simulacro de referéndum del próximo 9 de noviembre, acogiendo así los argumentos de la Abogacía del Estado. La Comisión Permanente se ha reunido este jueves y, sin fisuras de ningún tipo, sobre la una y media de la tarde ha concluido su informe con el aval al recurso del Gobierno: hay motivos para recurrir la consulta al haberse producido esta convocatoria en fraude de ley y para burlar la suspensión acordada por el TC, informaron fuentes del Consejo de Estado.
Como adelantó el lunes ABC, con este dictamen sobre la mesa, que no es vinculante pero que, sin duda, legítima la iniciativa del Ejecutivo, el Consejo de Ministros podrá autorizar mañana viernes al presidente, Mariano Rajoy, a interponer un recurso contra lo que la Generalitat ha llamado «proceso de participación ciudadana» y que con las dos preguntas que pretende formular a los catalanes atenta contra el principio constitucional de la soberanía nacional.
El Ejecutivo solicitó el mismo lunes al Consejo de Estado que informara con carácter de urgencia sobre la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las actuaciones de la Generalitat «relativas a la convocatoria a los catalanes, catalanas, y personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre, mediante un denominado proceso de participación ciudadana».
El Gobierno ya disponía este fin de semana de prueba documental suficiente para impugnar la falsa consulta. Pese a los esfuerzos de la Generalitat por que nada constara por escrito, es la propia implicación del gobierno autonómico en esta consulta (con las declaraciones de sus miembros y su página web, entre otras) la que delata que Mas también se encuentra detrás de este referéndum en el que se pretende que los catalanes decidan sobre una cuestión que afecta al futuro de toda España.
Pide que se inadmita la querella de UPyD contra el presidente de la Generalitat por la convocatoria del 9-N
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Artur Mas, presidente de la Generalitat
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de la inadmisión de la querella que el pasado 8 de octubre presentó UPyD contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros dirigentes políticos por la convocatoria de la consulta soberanista.
A su juicio, el Alto Tribunal no es competente para investigar estos hechos, ya que esta labor correspondería, en su caso, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El Ministerio Público reprocha a UPyD que pretenda que el Supremo investigue a Mas solo porque el referéndum encubierto es un asunto de «gran trascendencia»: es «inadmisible», dice.
Por el contrario, el letrado argumentaba la competencia del Alto Tribunal porque «es evidente que los hechos superan lo que es el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña e inciden en España».
Se trata, dijo entonces Andrés Herzog, de un «ataque a la soberanía nacional, que reside en todos los ciudadanos, y de la que se ha apropiado una élite de dirigentes».
El Consejo de Ministros estudiará este viernes el informe del Consejo de Estado y llevará al TC la «pseudoconsulta» del 9-N
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Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
Con total tranquilidad, el presidente Mariano Rajoy ha escuchado en la rueda de prensa que ha ofrecido en La Moncloa la noticia de que el Consejo de Estado acababa de aprobar por unanimidad el informe en contra del simulacro de consulta que ha convocado Artur Mas para el 9-N en lugar del referéndum original, ya prohibido. Rajoy ha acusado a Mas de generar tensión con su «pseudoconsulta» y ha expresado su deseo de que acate la ley.
El jefe del Ejecutivo ha recordado la posición prudente que ha mantenido el Gobierno en este asunto, siempre atento a su obligación de que se cumpla la ley en toda la nación, incluida la Comunidad de Cataluña. Por eso, ha explicado, el Gobierno recurrió la ley de Consultas y el decreto de convocatoria ante el Tribunal Constitucional, quien dijo que no se podía celebrar el referéndum independentista. La Generalitat aceptó la decisión, y Rajoy calificó de «extraordinaria» la noticia.
«Por encima de la ley no hay nada», advirtió Rajoy, quien señaló que a partir de entonces se ha visto «otra cosa». «No sé como llamarla, no sé si tiene nombre, pseudoconsulta, porque no ha sido convocada y no tienen ninguna condición democrática, sin censo, sin un organismo que vele por la neutralidad, y plantea una cuestión que afecta al conjunto de los españoles...», ha señalado.
A su juicio, toda esta situación genera tensión, «no sirve para nada», y encima Mas se dedica a presionar a los medios de comunicación: «Es un paso malo, en la mala dirección».
Ante toda esta situación, Rajoy ha explicado que el Gobierno ha cumplido con su obligación, como prometió desde el principio, y se ha dirigido al Consejo de Estado. Este viernes, el Consejo de Ministros estudiará el informe del órgano consultivo, lo debatirá y tomará una decisión, «la que convenga al interés general, para garantizar el cumplimiento de la ley».
Habrá que esperar entonces a lo que diga el Tribunal Constitución, pero Rajoy ya ha adelantado que espera que Mas acate la ley democrática y las resoluciones judiciales.
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